Que la crisis no la pague el pueblo.

Por: Miguel Villaverde Cisneros

26/03/20

El mundo ha entrado en una etapa crítica en la que se combinan una pandemia fuera de control, el colapso de la economía, en nuestro caso estancada, no hay ingresos (el PBI de Marzo sufrirá un serio impacto); y un escenario de incertidumbre tal en el que se ha tenido que recurrir a los militares y la policía para asegurar el aislamiento de la gente. Una situación cuasi bélica en la que de manera fáctica le hemos declarado la guerra al Coronavirus. Donde el Gobierno va a tener que decidir fríamente entre la salud y el hambre.

¿Tenemos salida frente a la pandemia?.

Parece ser, que si hacemos un quiebre en nuestras costumbres, lograremos superar esta crisis sanitaria. Aunque no sé si el temor real que tenemos sea la del contagio del virus covid-19 o la de la especulación y la mezquindad que ha desnudado esta crisis por un lado; o la falta de políticas de contingencia y compromiso de las instituciones y la ciudadanía para afrontarlo con seriedad y madurez política por otro lado.  

El Estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, que estamos viviendo hace 11 días en el Perú han despertado una serie de malas prácticas comerciales, políticas e institucionales que desnudan un Estado en decadencia y que ponen en riesgo a la sociedad, la economía de los más pobres y a la misma economía de mercado. 

Los primeros días de este Estado de Emergencia hemos evidenciado un alza desmesurada en productos de primera necesidad, incluso cuando se repetía hasta el cansancio que el abastecimiento a los mercados estaba garantizado. Ya que la compra compulsiva genera una alta demanda, cuando la demanda se dispara los precios tienen a subir, dando paso a la especulación.  

¿La especulación es un delito?.

Sí. Este tipo de venta, donde los precios de los productos sufren un exorbitante incremento, están sancionados hasta con pena de cárcel no menor de un año y no mayor de tres años. En el título IX “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO”, capítulo II   “Acaparamiento, especulación, adulteración”, está tipificado el   Artículo 234° del Código Penal.

“El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”. Siendo este un agravante en el siguiente caso: Si los delitos previstos en este Capítulo se cometen en época de conmoción o calamidad públicas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

¿Cómo denunciar el incremento de precios?

Si eres víctima o testigo del incremento exagerado de precios tanto en medicinas como en productos alimenticios durante el estado de emergencia. Acércate a la comisaría de la localidad donde se ejerce ese tipo de venta, y denúncialos por delitos contra el orden económico en la modalidad de especulación. De haber algún inconveniente puedes acercarte a la fiscalía de prevención del delito, siempre habrá un fiscal de turno que actuará en este caso con celeridad, por tratarse de un Estado de Emergencia.

¿Cuál es el impacto en nuestra economía?

Se había detenido la fluidez en un inicio, un poco por el control y las restricciones en las principales vías, registrando un alza en los precios. Se pudo apreciar una ligera alza en algunos productos como el pollo de s/5.3 a s/7 el kilo, de igual forma las menestras, el caso crítico fue el limón de s/2 a s/10 ó s/12, retornando nuevamente a un valor de s/2.5 en la última semana. Caso diferente a lo acontecido durante los huaycos del 2017. Donde el limón se disparó hasta s/60 por la escases, siendo ésta la que determinó el precio. En este caso el alza lo determinó la línea exponencial de la demanda.

Ante este escenario las autoridades e instituciones no han generado la confianza necesaria para regular los precios y en muchos casos el abuso. Pues en todo este panorama no se han afectado los canales de suministros, por lo cual el abastecimiento ha sido constante y llegando a todas las zonas de consumo.

¿Cuál es el rol de Estado?

Según las normativas el Estado tiene dos roles: prestacional y regulador, esta última en su función administrativa tiene intervención, control y vigilancia de las actividades económicas para evitar distorsiones en los precios y abusos que evidenciamos hoy en día en los mercados.

Un claro ejemplo de lo descrito, es el papel de osinerming que regula el servicio público de electricidad con el apoyo de los distintos niveles del Estado. Resulta ahora que INDECOPI saca cuerpo y ya no defiende a los consumidores. Es más, ante la crisis han dicho que no pueden hacer lo mínimo para lo que fueron creados. ¿Quién defiende entonces a los consumidores?.

Nos queda claro que INDECOPI como organismo del Estado no sirve, al igual que las Municipalidades. Nadie nos protege en esta crisis. El Estado debería dictar normas que den confianza a la gente. Una tarea para este nuevo Legislativo sería disponer el congelamiento de los precios durante el Estado de Emergencia. Para evitar la especulación y el acaparamiento, durante esta prórroga de la cuarentena.

¿Y el Gobierno?

Pues bien, nuestra situación se complica evidentemente con la prórroga de la cuarentena, se precariza aún más por la ausencia de claridad en las medidas adoptadas por el Gobierno. Tenemos 20% de personas en situación de pobreza y pobreza extrema que representa unos 6 millones 400 mil peruanos, en tanto otros 9 millones 600 mil son “no pobres vulnerables”, es decir aquellos independientes y/o informales, que si no producen a diario tranquilamente cruzan nuevamente al bando del sector pobre.

El bono anunciado de s/380, no resulta suficiente ante la necesidad de estos días, más aún con la especulación y el papel omiso del propio Estado para regular ello. Incluso dicho bono no viene siendo distribuido de manera uniforme y justa dentro de la población, teniendo a funcionarios públicos, autoridades, hasta incluso esposas de congresistas que han sido beneficiados. Nota aparte, el aprovechamiento de los bancos privados al cobrar $1 al Estado por persona que retire el bono desde sus cajeros.

Es deber del Gobierno ampliar este bono a los sectores no pobres vulnerables, pero no de s/380, sino de un sueldo mínimo a aquellos sectores de comprobada vulnerabilidad, sus ingresos durante esta crisis es cero, pero sus gastos no lo son, el subsidio de remuneración mínima a sectores vulnerables, debe servir para dinamizar la economía de productos agropecuarios, para así no provocar el alza de precios de los productos del campo, ya que los agricultores están empezando a ver pérdidas en relación con esta crisis.

Por otra parte, en su último anuncio el presidente ha dispuesto el retiro de hasta s/2400 de las CTS, pero esta medida es tomada sin conocer nuestra realidad, el 70% de peruanos tienen trabajos informales, 80% de las mypes viven de la rentabilidad del día a día. Con esto el mensaje es claro: la crisis no la van a cargar las empresas, sino los trabajadores.  

Una encuesta de la Cámara de Comercio de Lima concluye que el 44% de las empresas soportaría solo 15 días en cuarentena sin incumplir el pago de planillas. Ante ello es indispensable que el Gobierno cumpla con garantizar el crédito de noventa mil soles a las micro y pequeñas empresas.

Por último, es también deber del Gobierno cumplir  la promesa de asegurar la dotación de agua potable para los millones de peruanos que aún no pueden acceder a ella.